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Bienvenidxs al Blog creado en honor a la libertad de expresión! Quienes lo ideamos formamos parte del plantel docente de la Cátedra 2 de la materia que lleva su mismo nombre y que se dicta en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Univ. Nacional de La Plata. También integramos el Instituto académico de igual nombre en el Colegio de Abogados de La Plata, Pcia Bs.As. Argentina
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viernes, 8 de marzo de 2013

Acceso a la información pública. La Justicia deniega un pedido de la ADC sobre distribución de la pauta oficial en la Pcia de Bs.As.

El 28 de Febrero de 2013 la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo dicó sentencia en autos “ASOCIACION POR LOS DERECHOS CIVILES C/ JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS-GOBIERNO DE LA PCIA. DE BS.AS. S/ AMPARO" rechazando la petición de dicha ONG a fin de que el Gobierno de la Pcia de Bs.As. suministre un informe respecto al gasto presupuestado y ejecutado en publicidad oficial para el período 2010 y 2011.

En primera instancia el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata hizo lugar a la acción de amparo y condenó al Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Pcia de Bs As a entregar la información solicitada mediante nota del día 3 de septiembre de 2012, dentro del plazo de diez días. Cabe destacar que la primera nota había sido presentada en Junio del mismo año sin que el Gobierno hubiera respondido adecuadamente.

En efecto, la petición de la ADC fue objetada de manera excesiva y rigurosa por el Gobierno Provincial desnaturalizando el principio de informalidad que prevalece en todo requerimiento administrativo. Por ejempló, observó cuestiones formales tales como que no se encontraba acreditada la personería y representación invocada por la ADC conforme artículos 13 y 14 del decreto ley 7647/70 (regula el procedimiento administrativo en la Pcia). Asimismo, observó que no se había fijado domicilio legal, ni se había aclarado la localidad del domicilio consignado como real para su notificación. En consecuencia, procedió a reservar el expediente en esa Jefatura sin impulsar la tramitación del pedido amparándose en estas cuestiones estrictamente formales.

Fue por tal motivo que la ADC inició la acción de amparo referida la cual, si bien fue receptada en primera instancia, luego se revocó en la Cámara cuando apeló el Fisco Pcial.

La Cámara decidió por mayoría (Votos del Dr. Spacarotel y De Santis)rechazar la acción de amparo. El Dr. Spacarotel fue quien encabezó el voto mayoritario sosteniendo que "la desagregación del gasto y eventualmente los criterios políticos de asignación de los recursos y gastos, son criterios de gestión política que admiten control parlamentario e información pública a través de la aprobación de la cuenta de inversión, (art. 144 inc. 16 de la Const. Pcial), cuyo escrutinio jurisdiccional se encuentra librado a la exigencia de una causa judicial cuyo contenido excede la mera información requerida en
autos, sino antes bien, la ponderación de un control judicial que avance sobre la arbitrariedad o ilegalidad o bien la posible comisión de ilícitos en el ejercicio de la función administrativa, cuya denuncia e investigación deberá ser prohijada ante los fueros pertinentes, mediando previa denuncia e investigación “ad hoc".

Critica el fallo del Juzgado Contencioso Aministrativo Nº2 sosteniendo que el mismo "transita por argumentos doctrinarios, y jurisprudenciales, cuyos principios generales tengo presentes, empero que conducirían a una hermenéutica que intenta desplazar la normativa local (ley 12.475), mas luego, la sentencia de grado queda inconclusa en ese
derrotero, toda vez que sin declarar o bien formular un análisis de constitucionalidad para su inaplicabilidad (art. 57, Cons. Pcial.), única posibilidad jurisdicción de obviar la aplicación de una ley vigente, procede a imponer una conducta estatal calificándola de omisiva, sin anular o bien declarar la inaplicabilidad de la norma que fija la conducta administrativa. Es así no podemos hablar de omisión ilegítima cuando hasta lo obrado en autos no se advierte una conducta estatal contraria a la normativa
provincial vigente."

Señala que "en el presente caso la autoridad administrativa no ha obrado con ilegalidad o arbitrariedad manifiesta que permitan tener por configurado los presupuestos que habilitan la vía escogida por la actora para pretender hacer valer sus derechos. Ello así, toda vez que la información requerida se encuentra disponible y de fácil acceso en las normas presupuestarias pertinentes, y que luego para llegar a un escrutinio singularizado deberá el peticionante, sobre la base de esa información
denunciar o bien cuestionar la forma de asignación de recursos al amparo de la violación de los deberes de funcionario público."


Finalmente apunta que "de las constancias de la causa no es posible determinar que la ausencia de respuesta oportuna constituya una conducta manifiestamente ilegal o arbitraria, requiriendo su análisis de una mayor amplitud de debate y prueba (conf. doctrina de la CSJN en Fallos 275:320; 296:527; 302:1440; 305:1878; 306:788 y 308:137; entre muchos otros), siendo lo que determina en definitiva la idoneidad de la vía la posibilidad de que el Juez, en el limitado marco cognoscitivo propio del proceso
sumarísimo de la acción de amparo, pueda abordar el objeto litigioso, y advertir en ese abordaje el comportamiento arbitrario o ilegítimo, para lo cual éste debe presentarse de manera visible, manifiesta; es decir, en forma clara, patente, indudable, inequívoca, notoria, ostensible, para no hacer de este sendero un vademécum que solucione todos los problemas, subsumiendo las vías procesales en sólo una, cuando la Constitución y las leyes marcan distintos derroteros. El amparo es una herramienta útil, pero no para cualquier situación (conf. SCBA, B 64981 S 23-2-2005)."

El voto en minoría de la Dra Milanta contradice contundentemente los fundamentos anteriores que son los que, en nuestra modesta opinión, deberían ser adoptados en miras a que la Suprema Corte de Justicia Bonaerense se expida si la ADC interpusiera el correspondiente recurso extraordinario.

En efecto, la Dra. Milanta sostuvo que el Fisco Pcial realizó una interpretación de la ley 12.475 con un criterio inadecuadamente restrictivo y parcial al sostener que el acceso de información pública en ella previsto sólo alcanzaría a documentos
preexistentes y no a información que hubiese que procesar o elaborar, desplazando así la incidencia y relevancia de los derechos y principios supranacionales, constitucionales y a la doctrina de la Corte nacional

Recordó en su voto que "de los arts. 12 inc. 4, 20 inc. 2 y concs. de la Constitución Provincial y arts. 1 de la ley 12.475 y 1° de su decreto reglamentario, se desprende la regla amplia de legitimación para acceder a la información pública y suscitar la jurisdicción en el caso de que ese derecho, del que gozan todas las personas de la Provincia, fuese lesionado (cfr. causas N° 2352 “Di Pietro”, sent. de fecha 20-04-06; N° 1903 "Carrizo”, sent. de fecha -21-12-06).

"La citada ley 12.475 -que opera como legislación básica en la materia- establece que se reconoce a toda persona física o jurídica que tenga interés legítimo, el derecho de acceso a los documentos administrativos, según las modalidades establecidas por la presente ley (art. 1°) y que contra las decisiones que denieguen el derecho de acceso a
documentos, o el caso de que se considere denegada la solicitud de acuerdo al art. 7, podrán interponerse las acciones de amparo o habeas data, según corresponda (art. 8). Estas normas subconstitucionales, al igual que otras dictadas en el orden nacional (vgr. Decreto 1172/03 ), exhiben la clara tendencia a brindar instrumentos normativos reglamentarios que posibiliten la efectividad y operatividad de los principios constitucionales de transparencia pública, participación ciudadana y publicidad, inherentes al estado de derecho
(cfr. causas cits.)."

Con mayor énfasis sostuvo que, "conforme al art. 20 inc. 2 de la Constitución provincial, la garantía de Amparo podrá ser ejercida ante la lesión o amenaza del ejercicio de los derechos constitucionales individuales y colectivos. Por fin, la ley
suprema consagra que todas las personas en la Provincia gozan ...del derecho a la información y a la comunicación (art. 12 inc. 4). No cabe olvidar, por otra parte, que aquélla reconoce, y ordena a las autoridades asegurar, el acceso irrestricto a la justicia como un derecho fundamental (art. 15, Const. prov.). Todo ello funciona en armonía con las cláusulas de la Constitución Nacional (arts. 18, 43, 75 inc. 22 y concs., Const. Nac.). Es claro que este plexo integrado por las normas de superior
jerarquía y las inferiores informadas en aquéllas, torna desajustada a derecho la interpretación que restrinje a situaciones de carácter personal y directo la aptitud para acceder a la justicia y, en cambio, reclama una inteligencia amplia que favorezca el derecho a la jurisdicción, tal como es concebido en la Constitución.
"

A su entender, la titularidad del bien por el que reclama la ADC, según la Constitución Nacional, corresponde a toda persona, por lo cual no cabe otra conclusión que la amplia, sostenida en la sentencia de 1º instancia. No cabe circunscribir el interés legítimo al que alude la ley 12.475 a la situación personal, directa y actual en relación a los datos objeto de la información, aspecto que carecería de toda consistencia.

Refutando los argumentos de la mayoría, la Dra. Milanta detacó que "los principios y enunciados referidos al derecho constitucional lesionado, de acuerdo a las cláusulas de mayor jerarquía y a la interpretación adoptada a su respecto, rigen por igual en el ámbito provincial, sin perjuicio de cuanto disponga cada ordenamiento local."

Ello así en tanto "el derecho a la información es de raigambre constitucional y su alcance no se encuentra delimitado al acceso a documentos tal como se desprende de los
pronunciamientos mencionados, de la normativa superior y de las previsiones provinciales y los principios en los que se inspiran que no permiten un menoscabo semejante."


Por eso manifiesta la arbitrariedad sostenida por el Fisco Pcial cuando argumentó como defensa que "la información se hallaría en vías de elaboración", lo cual, en opinión de la Jueza, carece de justificación legal.

En igual sentido desestima "la genérica invocación de la imposibilidad de proveer los datos requeridos en el plazo fijado en la sentencia, teniendo en cuenta que no se explican las concretas razones que obstarían cumplir la manda en el lapso indicado, teniendo en cuenta que el primigenio reclamo data del mes de junio del año 2012 y su reiteración del mes de septiembre del mismo año."

A modo de cierre, consideramos que el voto de la Dra. Milanta refleja fielmente el espíritu republicano con el que debe interpretarse la normativa provincial (ley 12.475 y su Decreto Reglamentario Nº2549/04) en miras a que la sociedad pueda acceder a información pública concreta y fácilmente sin padecer un arduo procedimiento administrativo impuesto por el Estado Provincial con obstáculos formales, que sin duda alguna imposibilitan contar con datos precisos sobre un tema tan controvertido e importante como es la modalidad y cantidad de dinero de fondos públicos que se destinan a los medios de prensa en concepto de pauta oficial a través de los cuales, en teoría, deberían difundirse los actos de gobierno. Justamente eso es lo que la ADC ha intentado a través de la acción de amparo que la decisión mayoritaria ha desestimado. La Suprema Corte de Justicia Provincial será quien eventualmente tenga la obligación de expedirse si la ADC interpone recurso extraordinario.

Resumen y Comentario: Manuel Larrondo

Para ver el fallo completo haga click aquí: http://www.scba.gov.ar/includes/descarga.asp?id=23852&n=Ver%20fallo%20(13892).pdf

o bien aquí: http://www.diariojudicial.com/documentos/2013-Marzo/Ver_fallo_x13892x.pdf

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