Martorell v. Chile

Martorell v. Chile, Caso 11.230, Informe No. 11/96, Inter-Am.C.H.R.,OEA/Ser.L/V/II.95 Doc. 7 rev. en 234 (1997).




Martorell v. Chile, Caso 11.230, Informe No. 11/96,
Inter-Am.C.H.R.,OEA/Ser.L/V/II.95 Doc. 7 rev. en 234 (1997).



INFORME Nº 11/96
CASO 11.230
CHILE [*]
3 de mayo de 1996


I. ANTECEDENTES
1. El 21 de abril de 1993, el señor Francisco Martorell y la imprenta Editorial
Planeta publicaron un libro en la Argentina titulado "Impunidad diplomática",
sobre las circunstancias que condujeron a la partida del ex Embajador argentino
en Chile Oscar Spinosa Melo. El libro debía estar disponible para su
comercialización en Chile al día siguiente.
2. Sin embargo, el mismo día 21 de abril de 1993, el señor Andrónico Luksic
Craig, empresario chileno, presentó un "recurso de protección" ante la Séptima
Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago. El señor Luksic, alegando que el
libro violaba su derecho a la privacidad, solicitó que se prohibiese su
circulación. La Corte de Apelaciones de Santiago dictó una "orden de no innovar"
que prohibió temporalmente el ingreso, distribución y circulación del libro en
Chile hasta que se adoptase una decisión definitiva sobre el caso.
3. Posteriormente, se entablaron varias acciones penales ante los tribunales
chilenos contra el señor Martorell por personas que alegaban que el contenido
del libro "Impunidad diplomática" era calumnioso e injurioso a su honor y
dignidad. En la actualidad esos procesos continúan en trámite en el ámbito de la
jurisdicción interna de Chile.
Litigio ante los tribunales chilenos
4. El 31 de mayo de 1993, la Corte de Apelaciones de Santiago, en un fallo de
dos votos contra uno, acogió el recurso de protección interpuesto por el señor
Luksic y emitió una orden de no innovar que prohibía la "internación y
comercialización" del libro en Chile.
5. Se presentó una apelación a través de un "recurso extraordinario" ante la
Corte Suprema de Justicia Chile invocando las garantías constitucionales sobre
libertad de prensa. El 15 de junio de 1993, en una decisión unánime, la Corte
Suprema rechazó el recurso de apelación, y la circulación del libro fue
prohibida.
6. El 28 de junio de 1993, la Corte de Apelaciones notificó oficialmente al
señor Martorell de su decisión final acerca del recurso de protección.
II. PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN
7. El 23 de diciembre de 1993, la Comisión recibió la denuncia que interpusieron
Human Rights Watch/Americas y el Centro por la Justicia y el Derecho
Internacional (CEJIL) con relación a este caso. En la misma se alegaba que la
prohibición de la entrada, distribución y circulación, en Chile, del libro
titulado "Impunidad diplomática" constituía una violación del artículo 13(2) de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos que protege el Derecho de
Libertad de Pensamiento y Expresión y dispone específicamente que: "el ejercicio
del derecho . . . no puede estar sujeto a previa censura sino a
responsabilidades ulteriores".
8. La Comisión transmitió las partes pertinentes de la petición al Gobierno
Chileno el día 16 de febrero de 1994, y le solicitó a éste información sobre los
hechos u otra información pertinente en el término de 90 días.
9. El 30 de marzo de 1994, la Comisión recibió información adicional de los
peticionarios, la cual fue transmitida al Gobierno el 15 de abril de 1994.
10. Con fecha 8 de junio de 1994, la Comisión recibió una nota del Gobierno en
la que se solicitaba una prórroga de 60 días para dar respuesta a la demanda, la
cual fue otorgada.
11. El Gobierno chileno solicitó una extensión adicional de 30 días el 7 de
septiembre de 1994, que fue otorgada.
12. El día 13 de octubre de 1994, la Comisión recibió la respuesta del Gobierno
y la transmitió a los peticionarios el 28 del mismo mes y año.
13. La Comisión recibió, con fecha 16 de noviembre de 1994, una comunicación de
CEJIL y de Human Rights Watch/Americas en la cual exponen los términos de su
participación en el caso.
14. El 5 de diciembre de 1994, la Comisión recibió las observaciones de los
peticionarios a la respuesta del Gobierno, cuyas partes pertinentes fueron
transmitidas al Gobierno el 19 de diciembre de 1994.
15. El día 1º de febrero de 1995 se celebró una audiencia sobre este caso en la
que participaron los peticionarios y representantes del Estado chileno.
16. El 6 de febrero de 1995, la Comisión se dirigió a las partes para ponerse a
disposición de las mismas con miras a lograr una solución amistosa del asunto.
Los peticionarios respondieron que aceptarían esa propuesta de la Comisión
siempre y cuando el Estado de Chile levantase previamente la prohibición del
libro "Impunidad diplomática" del señor Martorell y permitiese su libre entrada,
circulación y distribución en su territorio.
17. El 6 de marzo de 1995, el Gobierno chileno, en respuesta a la propuesta de
los peticionarios, envió una nota a la Comisión en la cual expresa que mientras
el señor Martorell se rehuse a presentarse ante los tribunales chilenos no se
consideraría una solución amistosa. Esta nota fue transmitida a los
peticionarios el 9 de marzo de 1995.
18. Con fecha 5 de julio de 1995, el Gobierno de Chile presentó sus comentarios
a las observaciones formuladas por los peticionarios mediante los cuales
ratificó en todas sus partes las peticiones que formuló el Gobierno en su
respuesta a la denuncia. El 18 del mismo mes se transmitió a los peticionarios
copia de esos comentarios.
19. El 8 de septiembre de 1995 se celebró una audiencia sobre el caso en la que
participaron los peticionarios y representantes del Gobierno chileno.
20. El 14 de septiembre de 1995, la Comisión aprobó, de acuerdo con el artículo
50 de la Convención Americana, el Informe 20/95 sobre este caso y lo transmitió
al Ilustrado Gobierno de Chile con fecha 6 de octubre de 1995. El Gobierno
chileno dio respuesta a este informe el día 8 de febrero de 1996.
21. Con fecha 19 de marzo de 1996, la Comisión transmitió al Gobierno de Chile
el Informe 11/96. En la nota de transmisión se informó al Ilustrado Gobierno de
Chile que la Comisión había dado su aprobación final al informe y ordenado su
publicación.
22. El 2 de abril de 1996, la Comisión se dirigió al Gobierno de Chile con el
objeto de informarle que se había acordado posponer la publicación del Informe
11/96, en vista de la información sobre nuevos hechos que los peticionarios
remitieron a la CIDH con fecha 27 y 29 de marzo de 1996.
23. Con fecha 22 de abril de 1996, el Representante Permanente de Chile ante la
Organización se dirigió a la Comisión con el objeto de expresar el parecer de su
Gobierno sobre la decisión de posponer la publicación del Informe 11/96.
24. El día 2 de mayo de 1996, se celebró una audiencia a solicitud de los
peticionarios, en la que participaron éstos y los representantes del Gobierno
chileno y, el 3 de mayo del mismo año, introdujo modificaciones en el cuerpo del
Informe 11/96, pero no introdujo las conclusiones y recomendaciones del informe.
III. ADMISIBILIDAD
25. La Comisión tiene competencia para considerar este caso, porque se trata de
acciones respecto de las cuales se alega violación de los derechos establecidos
en el artículo 13 de la Convención.
26. La petición no está pendiente en ningún otro procedimiento internacional de
conciliación, ni constituye una reproducción de una petición ya examinada por la
Comisión.
27. El procedimiento de solución amistosa establecido por el artículo 48.1(f) de
la Convención y por el artículo 45 del Reglamento de la Comisión fue propuesto
por la Comisión a las partes, pero no se pudo llegar a un acuerdo.
28. Como consta en los registros, el peticionario ha agotado los recursos
establecidos en el marco de la legislación chilena. Sin embargo, el Gobierno
sostiene que la petición fue presentada fuera del límite de seis meses
establecido por el artículo 46.1(b) de la Convención y el artículo 38 del
Reglamento de la Comisión.
A. Posición de las partes acerca de la admisibilidad del caso
1. Del Gobierno
29. El Gobierno afirma que la decisión final sobre este caso fue el fallo
dictado por la Corte Suprema de Chile el 15 de junio de 1993. Según el Gobierno
los peticionarios confundieron la fecha de notificación, por la Corte de
Apelaciones, de la decisión de la Corte Suprema con la fecha real del fallo
final de ésta. Para emitir una notificación, que en realidad constituye sólo
parte de la ejecución de la sentencia, la Corte debe verificar que no existen
apelaciones pendientes.
30. El Gobierno sostiene que la denuncia presentada a la Comisión se efectuó
tomando en cuenta la notificación del la Corte de Apelaciones, estando así fuera
del límite de seis meses establecido por el artículo 46.1.b de la Convención, el
artículo 35.b y el artículo 38.1 del Reglamento de la Comisión. En vista de lo
antedicho, el Gobierno solicitó que la Comisión declarase inadmisible la
petición.
2. De los Peticionarios
31. Los peticionarios alegan que la notificación personal de 28 de junio de
1993, efectuada por la Corte de Apelaciones, mediante la cual se comunicó al
peticionario que la Corte Suprema había confirmado la decisión de prohibir la
entrada y circulación, en Chile, del libro "Impunidad diplomática" debía ser
considerada por la CIDH como la fecha a partir de la cual comienza a contarse el
plazo de seis meses que establece el artículo 46.1(b) de la Convención.
32. Por otra parte, los peticionarios afirman que la total prohibición de la
entrada, distribución y circulación del libro en Chile constituye una violación
continuada y que, por tal motivo, el límite de seis meses no es pertinente en
este caso.
B. Análisis de la Comisión sobre la admisibilidad de la petición
33. El límite de seis meses establecido en el artículo 46.1(b) de la Convención
tiene un propósito doble: asegurar la certeza jurídica y proporcionar a la
persona involucrada tiempo suficiente para considerar su posición.
34. Contrariamente a lo que sostiene el Gobierno de Chile en el presente caso,
el plazo de seis meses no debe contarse a partir de la fecha en que la Corte
Suprema adoptó la decisión final sino, como establece la Convención Americana,
"a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido
notificado de la decisión definitiva".
35. Por lo expuesto, la Comisión considera que la denuncia que interpusieron los
peticionarios en el presente caso fue presentada dentro del plazo previsto en el
artículo 46.1(b) de la Convención Americana y en el artículo 38 del Reglamento
de la Comisión y que, en consecuencia, el caso es admisible.
36. Por otra parte, con referencia a la disposición citada en el párrafo
anterior, la Comisión considera que la misma no debe interpretarse de una manera
excesivamente formal que comprometa el interés de la justicia. La Corte
Interamericana ha declarado al respecto que:
Es generalmente aceptado que el sistema procesal constituye una forma de lograr
justicia y que ésta no puede sacrificarse por meras formalidades. Dentro de
ciertos oportunos y razonables límites, ciertas omisiones o demoras en el
cumplimiento del procedimiento pueden excusarse, siempre que se mantenga un
adecuado equilibrio entre la justicia y la certeza jurídica. [1]
IV. POSICIÓN DE LAS PARTES SOBRE EL FONDO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
A. De los Peticionarios
37. Los peticionarios afirman que la Convención, cuando garantiza la libertad de
pensamiento y de expresión, procura preservar la autonomía individual al
reconocer y proteger los derechos de expresar, crear y recibir información.
Además, la protección de este derecho asegura el funcionamiento de un gobierno
democrático al garantizar el libre intercambio de ideas en la vida pública.
38. El artículo 13 garantiza el derecho de "buscar, recibir y difundir
informaciones de toda índole", a través de cualquier medio de su elección. La
Convención procura maximizar la posibilidad de participar en el debate público,
garantizando no sólo la libertad de pensamiento sino también reconociendo el
derecho colectivo de estar informado y el derecho de réplica. La Convención
garantiza el derecho de expresión de tal forma que también proteja el derecho a
una diversidad de fuentes de información. El derecho de réplica también se
protege para asegurar que las personas afectadas por información inexacta o
difamatoria puedan tener acceso a la esfera pública.
39. Como consecuencia de esta amplia interpretación del concepto de libertad de
pensamiento y de expresión, se han contemplado limitaciones estrictas a las
restricciones que pueden aplicarse a esos derechos. La Convención contiene
normas generales que prevén las posibles restricciones a los derechos que
garantiza. Sin embargo, en el caso de la libertad de pensamiento y de expresión,
estas normas deben interpretarse de acuerdo con los límites específicos
establecidos por el artículo 13 de la Convención.
40. Los peticionarios sostienen, asimismo, que la censura previa del libro del
señor Martorell viola una prohibición explícita del artículo 13 (2) de la
Convención. El artículo 13 (2) contiene una clara e intencional distinción entre
la censura previa y la subsiguiente imposición de responsabilidad. La primera,
en la opinión de los peticionarios, está expresamente prohibida, mientras que la
segunda sólo se permite cuando es necesaria para asegurar el respeto de los
derechos y la reputación de otros.
41. Considerando que la libertad de expresión es un derecho fundamental, la
Convención prohíbe absolutamente cualquier recurso de censura previa como medio
de proteger el derecho al honor y establece que la imposición subsiguiente de
responsabilidades constituye la única forma adecuada y aceptable de evitar
abusos en el ejercicio de la libertad de expresión.
B. Del Gobierno
42. El Gobierno de Chile señala que el conflicto entre la libertad de expresión
y el derecho al honor y la dignidad es un tema difícil. El Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, del cual Chile es parte, establece que la
libertad de expresión (aunque no de opinión) puede estar sujeta a ciertas
restricciones, las cuales deben estar contempladas en la ley, cuando sean
necesarias para asegurar el respeto de los derechos y la reputación de otros.
43. El artículo V de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre reconoce que:
Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra los ataques abusivos
a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar.
44. La Convención también reconoce en el artículo 11 la protección del derecho a
la honra y la dignidad personal, concluyendo en el párrafo 3 que:
Toda persona tiene el derecho a la protección de la ley contra esas injerencias
o esos ataques.
45. Además, el Gobierno sostiene que está sujeto a obligaciones diferentes y
contradictorias en el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, por una parte, y en la Convención Americana, por la otra. Según el
Gobierno, existe una diferencia fundamental entre las obligaciones que establece
el Pacto y las que prevé la Convención Americana, y el Estado de Chile debe
respetar ambos instrumentos. La Convención, cuando establece que este derecho
sólo estará sujeto a la imposición subsiguiente de responsabilidad es menos
amplia que el Pacto, que acepta las restricciones contempladas en la ley para
proteger los derechos y la reputación de otros. El Pacto distingue entre la
libertad de expresión y el derecho a la libertad de opinión. La primera puede
estar sujeta a varias restricciones, mientras que el segundo constituye un
derecho absoluto.
46. La acción tomada contra la publicación y la circulación del libro titulado
"Impunidad diplomática" no afectó, según el Gobierno, la libertad de opinión del
autor, ya que su contenido no expresaba opiniones o pensamientos del autor sino
sólo material difamatorio y ofensivo sobre la vida privada de varias personas.
47. El Gobierno también hace referencia al artículo 25, que establece el derecho
a un simple y oportuno recurso para la protección de los derechos garantizados
por la Convención. Según el Gobierno, esta disposición establece que el recurso
sea adecuado para garantizar los derechos protegidos en la Convención incluso
antes de que haya ocurrido una violación, siempre y cuando un derecho esté en
peligro inminente de ser violado. Tal es la petición de protección aplicada en
este caso.
48. Según el Gobierno, la legislación chilena establece un equilibrio armónico
entre el derecho a la honra y la privacidad y la libertad de expresión. Si bien
la censura previa es inaceptable y contraria al gobierno democrático, ello no
significa que no pueda aplicarse en ciertos casos excepcionales previstos por la
ley.
49. En Chile existe una división absoluta entre los poderes ejecutivo y
judicial. En el presente caso, el Gobierno no tomó acción alguna contra el
libro. El fallo en cuestión fue una decisión independiente de los tribunales
basada en la legislación chilena. En opinión del Gobierno chileno no puede
considerarse que una decisión independiente adoptada por el poder judicial, que
admite un recurso prescrito por la Constitución, constituya violación de un
derecho humano.
50. En cuanto a la imposición subsiguiente de responsabilidad, a pesar de los
numerosos recursos presentados ante los tribunales chilenos, ello ha sido hasta
ahora imposible debido a que el acusado se ha negado a someterse a la
jurisdicción de los tribunales chilenos. Además, en opinión del Gobierno de
Chile, el peticionario no puede exigir su derecho de libertad de expresión
mientras se rehúse a aceptar las decisiones de los tribunales chilenos en los
casos presentados contra él por los hechos alegados en el libro en cuestión.
V. ANÁLISIS
51. El Gobierno de Chile no controvierte ninguno de los hechos alegados en la
denuncia. Cuestiona, en cambio, lo siguiente:
- en primer lugar, si las decisiones de los tribunales chilenos de prohibir la
entrada, circulación y distribución del libro titulado "Impunidad diplomática"
en Chile constituye una violación de los derechos protegidos en el artículo 13
de la Convención;
- en segundo lugar, si la violación de ese derecho podría justificarse, como
pretende el Gobierno, en razón de la violación de otro derecho como es la
protección de la honra y dignidad que reconoce el artículo 11 de la Convención
y, por último,
- si el señor Martorell por su conducta estaría impedido de reclamar a la
Comisión que se le garantice el goce del derecho que pretende.
52. A continuación se analizan cada uno de los planteamientos del Gobierno de
Chile.
1. El derecho a publicar, circular y distribuir un libro sin censura previa
El artículo 13 de la Convención declara que:
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e
ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por
escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su
elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar
sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
a. el respeto a los derechos o la reputación de los demás, o
b. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la
moral públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos,
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para
periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la
difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la
comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa
con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de
la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda
apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la
violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o
grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión,
idioma u origen nacional.
53. El artículo 13 de la Convención engloba dos aspectos: el derecho de expresar
pensamientos e ideas y el derecho de recibirlas. Por lo tanto, cuando este
derecho es restringido a través de una interferencia arbitraria, afecta no sólo
el derecho individual de expresar información e ideas, sino también el derecho
de la comunidad en general de recibir todo tipo de información y opiniones. La
Corte Interamericana ha declarado lo siguiente sobre este tema:
. . . cuando la libertad de expresión de una persona es restringida ilegalmente,
no es sólo el derecho de esa persona el que se está violando, sino también el
derecho de los demás de "recibir" información e ideas. En consecuencia, el
derecho protegido por el artículo 13 tiene un alcance y un carácter especiales,
que se evidencian por el doble aspecto de la libertad de expresión. Por una
parte, requiere que nadie se vea limitado o impedido arbitrariamente de expresar
sus propios pensamientos. En ese sentido, es un derecho que pertenece a cada
persona. En su segundo aspecto, por otra parte, implica un derecho colectivo de
recibir cualquier información y de tener acceso a los pensamientos expresados
por los demás. [2]
54. En la misma Opinión la Corte consideró, además, que los dos aspectos de la
libertad de expresión deben garantizarse simultáneamente. [3]
55. La Convención permite la imposición de restricciones sobre el derecho de
libertad de expresión con el fin de proteger a la comunidad de ciertas
manifestaciones ofensivas y para prevenir el ejercicio abusivo de ese derecho.
El artículo 13 autoriza algunas restricciones al ejercicio de este derecho, y
estipula los límites permisibles y los requisitos necesarios para poner en
práctica estas limitaciones. El principio estipulado en ese artículo es claro en
el sentido de que la censura previa es incompatible con el pleno goce de los
derechos protegidos por el mismo. La excepción es la norma contenida en el
párrafo 4, que permite la censura de los "espectáculos públicos" para la
protección de la moralidad de los menores. La única restricción autorizada por
el artículo 13 es la imposición de responsabilidad ulterior. Además, cualquier
acción de este tipo debe estar establecida previamente por la ley y sólo puede
imponerse en la medida necesaria para asegurar: a) el respeto de los derechos o
la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el
orden público o la salud o la moral públicas.
56. La interdicción de la censura previa, con la excepción que prevé el párrafo
4 del artículo 13, es absoluta. Esta prohibición existe únicamente en la
Convención Americana. La Convención Europea y el Pacto sobre Derechos Civiles y
Políticos no contienen disposiciones similares. Constituye una indicación de la
importancia asignada por quienes redactaron la Convención a la necesidad de
expresar y recibir cualquier tipo de información, pensamientos, opiniones e
ideas, el hecho de que no se prevea ninguna otra excepción a esta norma.
57. El carácter fundamental del derecho de libertad de expresión fue subrayado
por la Corte cuando declaró que:
La libertad de expresión es un elemento fundamental sobre el cual se basa la
existencia de una sociedad democrática. Resulta indispensable para la formación
de la opinión pública. También constituye una conditio sine qua non para el
desarrollo de los partidos políticos, los gremios, las sociedades científicas y
culturales y, en general, de todos los que desean influir al público. En
resumen, representa la forma de permitir que la comunidad, en el ejercicio de
sus opciones, esté suficientemente informada. En consecuencia, puede decirse que
una sociedad que no está bien informada no es verdaderamente libre. [4]
58. El artículo 13 determina que cualquier restricción que se imponga a los
derechos y las garantías contenidos en el mismo, debe efectuarse mediante la
imposición de responsabilidad ulterior. El ejercicio abusivo del derecho de
libertad de expresión no puede estar sujeto a ningún otro tipo de limitación.
Como lo señala la misma disposición, quien ha ejercido ese derecho en forma
abusiva, debe afrontar las consecuencias ulteriores que le incumban.
59. En virtud de los razonamientos expuestos la Comisión considera que la
decisión de prohibir la entrada, la circulación y la distribución del libro
"Impunidad diplomática", en Chile, infringe el derecho a difundir "informaciones
e ideas de toda índole" que Chile está obligado a respetar como Estado Parte en
la Convención Americana. Dicho en otros términos, tal decisión constituye una
restricción ilegítima del derecho a la libertad de expresión, mediante un acto
de censura previa, que no está autorizado por el artículo 13 de la Convención.
2. Los derechos a la privacidad, la honra y la dignidad
60. Corresponde analizar a continuación el segundo asunto presentado por el
Gobierno de Chile en este caso: la obligación de proteger el derecho a la honra
y la dignidad y su posible conflicto con el derecho a la libertad de expresión.
61. El Gobierno de Chile ha señalado que los derechos a la honra y la dignidad
con frecuencia están en conflicto con la libertad de expresión, y que el Estado
debe procurar equilibrar estos derechos con las garantías inherentes en la
libertad de expresión y, por último, que un derecho puede ser sacrificado en
virtud de otro derecho considerado más importante.
62. La Convención Americana reconoce que pueden existir limitaciones cuando los
distintos derechos protegidos en la misma se hallan en conflicto. Además, el
texto del artículo 13 reconoce que el derecho a la libertad de expresión está
sujeto a restricciones con el fin de asegurar el "respeto a los derechos o a la
reputación de los demás".
63. A juicio del Gobierno de Chile y también de los tribunales chilenos que
decidieron este asunto, en caso de conflicto entre las normas del artículo 11
relativas a la protección de la honra y de la dignidad y las del artículo 13 que
reconocen la libertad de expresión, deben prevalecer las primeras.
64. Por su parte, los peticionarios ha sostenido que no ha aportado prueba
alguna con referencia a la alegada violación del derecho a la honra y a la
dignidad porque ese tema estaba en discusión no en estas actuaciones sino en los
tribunales chilenos y que, por consiguiente, a la Comisión no le correspondía
pronunciarse al respecto.
65. La Convención Americana reconoce y protege el derecho a la privacidad, la
honra y la dignidad en el artículo 11. Este artículo reconoce la importancia del
honor y la dignidad individuales al establecer la obligación de respetar esos
derechos; que estos derechos deben estar libres de interferencias arbitrarias o
abusivas o ataques abusivos, y que toda persona tiene derecho a la protección de
la ley contra tales interferencias o ataques.
66. Además, los artículos 1 y 2 de la Convención establecen la obligación de
asegurar los derechos protegidos por la Convención, y requieren que los Estados
partes adopten "las medidas legislativas o de otro carácter que fueran
necesarias para hacer efectivos tales derechos (reconocidos en la Convención) y
libertades". En consecuencia, todos los Estados Parte en la Convención tienen la
obligación de asegurar que estos derechos sean adecuada y efectivamente
protegidos por sus ordenamientos jurídicos internos.
67. De acuerdo con la Convención, el Estado de Chile tiene una obligación
positiva de proteger a las personas que se hallan dentro de su jurisdicción de
las violaciones del derecho a la privacidad y, cuando ese derecho fuese violado,
proporcionar soluciones prontas, efectivas y adecuadas para reparar cualquier
perjuicio derivado de una violación de ese derecho.
68. En el presente caso se alega que el contenido del libro titulado "Impunidad
diplomática" afectó la honra de algunas personas y que, bajo el pretexto de
describir las circunstancias que condujeron a la partida de Chile del Embajador
argentino, se realizaron ciertos ataques no relacionados contra individuos
privados. Según el Gobierno, estos ataques fueron calificados de una gravedad
tal, que sólo la total prohibición del libro podía considerarse una solución
efectiva y adecuada para proteger el derecho a la privacidad y la honra de las
víctimas.
69. La Comisión considera que no le corresponde examinar el contenido del libro
en cuestión ni la conducta del señor Martorell porque carece de competencia para
pronunciarse al respecto, y porque el derecho a la honra está debidamente
protegido en la legislación chilena. Además, las personas que se consideren
lesionadas en su honra y su dignidad cuentan, como surge de lo actuado en el
presente caso, con recursos adecuados en los tribunales de justicia chilenos
para dirimir esa cuestión.
70. Por tal motivo la Comisión no puede aceptar el punto de vista del Gobierno
de Chile en el sentido de que el derecho al honor tendría una jerarquía superior
que la que tiene el derecho a la libertad de expresión.
El artículo 29, establece que:
Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el
sentido de:
a. permitir a alguno de los Estados partes, grupo o persona, suprimir el goce y
ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos
en mayor medida que la prevista en ella.
Por su parte, el artículo 32, párrafo 2 dispone:
2. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás,
por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en esa
sociedad democrática.
71. La Comisión considera que la interpretación de los derechos contenidos en
estos artículos no presenta, como sostiene el Gobierno de Chile, un conflicto de
diferentes principios entre los que haya que escoger. [5]
72. En el mismo sentido, las disposiciones del artículo 11 no pueden
interpretarse, por los órganos del Estado de tal forma que resulten en una
violación del artículo 13 de la Convención Americana, que prohibe la censura
previa. En el escrito de respuesta a la denuncia de los peticionarios, el
Gobierno de Chile sostuvo que:
En la especie no se ha impedido la publicación de ninguna opinión, pensamiento o
idea, y solamente se ha buscado proteger la honra de las personas, como lo
autorizan --más precisamente, lo ordenan-- tanto la Convención, el Pacto y la
Constitución Chilena, todas en esta materia en perfecta armonía.
73. La Comisión no está de acuerdo con ese argumento porque la forma de proteger
la honra que ha utilizado el Estado de Chile en el presente caso es ilegítima.
Aceptar el criterio utilizado por Chile en el caso del señor Martorell implica
dejar al libre arbitrio de los órganos del Estado la facultad de limitar,
mediante censura previa, el derecho a la libertad de expresión que consagra el
artículo 13 de la Convención Americana.
74. Al reglamentar la protección de la honra y de la dignidad a que hace
referencia el artículo 11 de la Convención Americana --y al aplicar las
disposiciones pertinentes del derecho interno sobre esa materia-- los Estados
Parte tienen la obligación de respetar el derecho de libertad de expresión. La
censura previa, cualquiera sea su forma, es contraria al régimen que garantiza
el artículo 13 de la Convención.
75. El posible conflicto que pudiese suscitarse en la aplicación de los
artículos 11 y 13 de la Convención, a juicio de la Comisión, puede solucionarse
recurriendo a los términos empleados en el propio artículo 13, lo que lleva a
considerar el tercer punto en cuestión.
3. Responsabilidades ulteriores de quien vulnera el derecho a la honra
76. El apoderado del señor Martorell, según consta en el expediente, en su
defensa ante los tribunales chilenos afirmó que:
. . . si eventualmente se estableciera, en un juicio legalmente afinado, la
existencia de abuso o delito en el ejercicio de esta garantía constitucional,
deberá responder de ello en su oportunidad. El medio idóneo previsto en nuestra
legislación, con tal fin, es la presentación de la denuncia o querella ante la
justicia del crimen.
77. Al respecto, el Gobierno de Chile, en el capítulo VII, último párrafo, del
escrito de respuesta, expresa lo siguiente:
Si la Comisión estima que el Estado de Chile, a través de la resolución de sus
tribunales, ha violado la Convención, al menos debiera exigir que el
peticionario se presente a asumir las responsabilidades que la misma Convención
le exige, y que tan ostentosamente anunció en su petición.
78. En todo caso, habiéndose acreditado en la audiencia celebrada el día 2 de
mayo de 1996, que el señor Martorell ha sido condenado penal y civilmente, y ha
aceptado regresar a Chile a efecto de notificarse de la sentencia, la cuestión
planteada por el Gobierno chileno ante la Comisión con referencia a las
responsabilidad ulteriores del señor Martorell ha perdido vigencia y, por
consiguiente, la CIDH estima que no le corresponde pronunciarse al respecto. [6]
VI. TRAMITACIÓN DEL INFORME 20/95
79. En el curso de su 90º Período de Sesiones, celebrado en septiembre de 1995,
la Comisión adoptó el Informe 20/95 con referencia a este caso. El Informe
concluye que el Estado violó, en este caso, el artículo 13 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.
80. El 6 de octubre de 1995 la Comisión remitió el Informe al Ilustrado Gobierno
de Chile y le solicitó a éste que, en un plazo de tres meses a partir de esa
fecha, "se sirva informar a la Comisión sobre las medidas adoptadas para
solucionar la situación denunciada".
81. Mediante nota Nº 003/96 de 5 de enero de 1996 el Gobierno de Chile solicitó
una prórroga de treinta días para dar respuesta al Informe.
82. En su respuesta de 1º de febrero de 1996, sobre las medidas adoptadas en
relación al Informe 20/95 relativo al Caso Nº 11.230, el Gobierno de Chile
manifiesta, inter alia, que:
Adoptará todas las medidas que estén a su alcance para dar cumplimiento a dicho
Informe; que procederá a comunicar oficialmente al Presidente de la Corte
Suprema el contenido de dicha resolución para que en el futuro el Poder Judicial
del Estado de Chile esté en condiciones de adoptar sus resoluciones sobre esta
materia en concordancia con la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos establecida por la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
de la cual Chile es Estado parte; que además, el artículo 25 de la Convención
establece el derecho a un recurso efectivo ante los tribunales frente a
violaciones de sus derechos fundamentales y la obligación del Estado de
garantizar el cumplimiento de las resoluciones de aquellos tribunales; que
efectuado un estudio de la legislación nacional y la correspondencia entre ésta
y la Convención Americana y llegado a la conclusión de que existe plena
concordancia entre el artículo 29.12, de la Constitución de Chile y 13 de la
Convención Americana; y, que en consonancia con el punto 4 del artículo 13 de la
Convención Americana.
Sobre los espectáculos públicos que pueden ser sometidos a censura previa para
la protección moral de los niños, la Constitución chilena establece en el inciso
final del artículo 19.12: "La ley establecerá un sistema de censura para la
exhibición y publicidad de la producción cinematográfica".
VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,
CONSIDERANDO:
83. Que el Estado de Chile, mediante resolución de la Corte Suprema de Justicia,
de 15 de junio de 1993, que prohibió el ingreso, distribución y circulación del
libro "Impunidad diplomática", cuyo autor es el señor Francisco Martorell, ha
violado el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
84. Que la nota de respuesta del Ilustrado Gobierno de Chile al Informe 20/95 no
aporta nuevos elementos que permitan desvirtuar los hechos denunciados o que
acrediten que se han adoptado medidas adecuadas para solucionar la situación
denunciada, y
85. Que en la tramitación del presente caso se han observado, cumplido y agotado
todos los trámites legales y reglamentarios establecidos en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y en el Reglamento de la Comisión.
CONCLUYE:
86. Recomendar al Estado de Chile que levante la censura que, en violación del
artículo 13 de la Convención Americana, pesa con respecto al libro "Impunidad
Diplomática".
87. Recomendar asimismo al Estado de Chile que adopte las disposiciones
necesarias para que el señor Francisco Martorell pueda ingresar, circular y
comercializar en Chile el libro mencionado en el párrafo precedente.
88. Publicar este informe en el Informe Anual a la Asamblea General de la OEA,
en virtud de lo dispuesto en los artículos 51.3 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y 48 del Reglamento de la Comisión.




{*} Comisionado Decano Claudio Grossman, de nacionalidad chilena, no participó
en el debate ni en la votación de este caso, conforme al artículo 19 del
Reglamento de la Comisión.
{1} Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Cayara, Objeciones
Preliminares, fallo del 3 de febrero de 1993, párrafo 42.
{2} Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión consultiva OC-5/85 del 13
de noviembre de 1985, Serie A, número 5, párrafo 30; Convención Americana sobre
Derechos Humanos, artículos 13 y 29.
{3} Ibid., párrafo 33.
{4} Ibid., párrafo 70.
{5} En un caso similar la Corte Europea consideró que "no enfrentaba una
elección entre dos principios conflictivos, sino un principio de libertad de
expresión que está sujeto a algunas excepciones que deben interpretarse en
sentido estricto". Corte Europea de Derechos Humanos, caso Sunday Times,
sentencia del 26 de abril de 1979, Serie A, número 30, párrafo 65.
{6} Corresponde señalar que el criterio de la Comisión en este tema debe ser
interpretado a la luz de lo expuesto por la misma en su Informe sobre la
Situación de los Derechos Humanos en Argentina, donde estableció:
Por otra parte, no compete a la Comisión sustituir al Estado en la investigación
y sanción de los actos de violación cometidos por particulares. En cambio, sí le
corresponde proteger a las personas cuyos derechos han sido lesionados por los
agentes u órganos del Estado. La razón que, en definitiva, explica la existencia
de los órganos internacionales de protección de los derechos humanos, como en
caso de la CIDH, obedece a esta necesidad de encontrar una instancia a la que
pueda recurrirse cuando los derechos humanos han sido violados por tales agentes
u órganos estatales.[Véase Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en
Argentina (OAS/Ser.L/VII.49), doc. 19, 11 de abril 1980, página 29].
En el mismo sentido se pronunció la Comisión en la audiencia pública sobre
excepciones preliminares celebrada el 16 de junio de 1987 en el caso Fairen
Garbi y Solis Corrales en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Juez
ad-hoc Rigoberto Espinal Irías preguntó a la Comisión si podría existir, con
referencia a ese caso, "alguna relación o vínculo posible entre la violación de
derechos humanos y la llamada teoría de las Manos Limpias (clean hands)
reconocida en el derecho internacional". Al responder a la pregunta del Juez
ad-hoc, la Comisión sostuvo lo siguiente:
La respuesta es obviamente no. La Comisión protege seres humanos con entera
prescindencia de su ideología, su comportamiento. Hay derechos que son
fundamentales de toda persona. El derecho a la vida es el más importante de
ellos. Cualquiera que sea la ideología, cualquiera que sea la conducta,
cualquiera que sea, si una persona no tiene "clean hands" por supuesto lo que
cabe al Estado es seguir un proceso regular contra ella. Pero no cabe, bajo modo
alguno, que un país pueda ejecutarlo y a través de un método tan perverso como
es su desaparición. De modo alguno, bajo este respecto podría aceptarse. No hay
ciudadanos de primera y segunda en la protección diplomática, Su Señoría. Nunca
la Comisión ha preguntado ideología o el por qué, nunca... y nunca lo va a
hacer. [Respuesta del Dr. Edmundo Vargas Carreño, Secretario Ejecutivo de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Serie D: Memorias, Argumentos
Orales y Documentos, página 182].